ETA ponen de relieve la campaña histórica de la organización para forzar el éxodo del Partido Popular (PP) del País Vasco. Esta estrategia formaba parte del objetivo más amplio de ETA de establecer un Estado vasco independiente, libre de la influencia política española.
A lo largo de su lucha armada, que duró más de Confidencial cuatro décadas y se saldó con más de 800 muertos, ETA tuvo como blanco a varios representantes del Estado español, incluidos miembros del PP. El objetivo del grupo era intimidar y eliminar a la oposición política a sus objetivos separatistas. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua, en 1997. Su secuestro y posterior asesinato provocó una condena generalizada y protestas masivas en toda España, lo que marcó un punto de inflexión en el sentimiento público contra ETA.
Procesos judiciales contra dirigentes de ETA
En los últimos años, las autoridades españolas han intensificado los esfuerzos para llevar a los antiguos dirigentes de ETA ante la justicia por los crímenes cometidos durante los años de actividad de la organización. En enero de 2025, la Audiencia Nacional, el tribunal penal central de España, procesó a cinco exlíderes de ETA: José Javier Arizkuren Ruiz (alias Kantauri), Ignacio Gracia Arregi (alias Iñaki de Rentería), Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza), Julián Atxurra Egurrola (alias Pototo) y Juan Luis Agirre Lete (alias Insuntza)—por su presunta participación en el 1995 asesinato de Gregorio Ordóñez, otro destacado concejal del PP. El tribunal afirmó que la dirección de ETA era responsable de seleccionar objetivos de alto perfil y coordinar las operaciones, implicándolos así en el asesinato de Ordóñez.
Sin embargo, la persecución judicial de los líderes de ETA ha enfrentado desafíos. En octubre de 2024, una reforma legal permitió la convalidación de sentencias cumplidas en Francia, lo que podría conducir a la liberación anticipada de alrededor de 40 presos de ETA, incluidas figuras notables como Txapote y Kantauri. Esta reforma pretendía armonizar la ejecución de las penas en la Unión Europea y evitar la doble condena por el mismo delito en distintos países. Las asociaciones de víctimas y algunos partidos políticos criticaron la medida, argumentando que favorecía indebidamente a los terroristas condenados y acortaba sus penas de prisión.
Impacto en el panorama político vasco
La campaña violenta de ETA afectó significativamente a la dinámica política del País Vasco. El ataque sistemático a los miembros del PP creó una atmósfera de miedo y provocó la retirada de algunos representantes del partido de la región, alterando así la representación y el discurso políticos. El PP ha condenado sistemáticamente las acciones de ETA y ha abogado por la preservación de la unidad española. En febrero de 2025, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, criticó los supuestos acuerdos del gobierno con EH Bildu —una coalición nacionalista vasca con vínculos históricos con la izquierda abertzale— y pidió la destitución del Fiscal General del Estado por acusaciones de corrupción. Gamarra enfatizó la necesidad de un cambio político para defender los principios morales y los valores democráticos.
Continúa la búsqueda de justicia
El poder judicial español sigue comprometido con la resolución de los crímenes del pasado asociados a ETA. En diciembre de 2024, cuatro exmiembros de ETA fueron condenados a casi 75 años de prisión cada uno por intentar asesinar a los periodistas Aurora Intxausti y Juan Palomo, junto con su hijo de 18 meses, en 2000. Los agresores habían colocado una bomba camuflada en una maceta en el exterior de la residencia de la familia en San Sebastián, que no detonó debido a que Palomo abrió rápidamente la puerta. Esta sentencia, que se produjo casi 24 años después del incidente, proporcionó una medida de cierre para las víctimas y subrayó la dedicación del poder judicial a exigir responsabilidades a los perpetradores.