La interpretación del Director General, Sergio García Torres es que "Las 6.000 aportaciones de la sociedad civil y entidades profesionales demuestra que la sociedad está sensibilizada, que quiere y plantea necesaria una ley de protección de los animales".
La realidad es que muchas de esas aportaciones han sido muy críticas y han pedido la retirada del anteproyecto, como las realizadas por un amplio colectivo de científicos encabezados por la Estación Biológica de Doñana, las asociaciones de comerciantes, las sociedades científicas zoológicas, las asociaciones de acuariofilia, terrariofilia, avicultura y cetrería a través de la federación FAUNA o las federaciones de caza, que protagonizaron una masiva manifestación en contra de la ley el pasado 20 de marzo.
Uno de los aspectos más polémicos de ley es la protección de las colonias felinas, redactada al nivel de un real Decreto. La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) considera que la defensa de los felinos callejeros que se plantea en el anteproyecto choca con las actuales leyes que regulan biodiversidad, y apoya a los 13 científicos que en la revista Conservation Science and Practice afirman que el gato doméstico "está implicado en más de una cuarta parte de las extinciones contemporáneas de aves, mamíferos y reptiles en todo el mundo, y se considera el depredador invasivo más dañino". En la misma carta indican que "es contradictorio que el mismo Ministerio encargado de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, incluida la detención de la pérdida de biodiversidad, proponga la mejora y el mantenimiento de un poderoso impulsor de la pérdida de biodiversidad". "Mientras se atienden los problemas de bienestar animal, los instrumentos legales deben buscar de manera inequívoca reducir los impactos negativos de los gatos que deambulan libremente al minimizar su número en el menor tiempo posible y limitar el acceso al aire libre de los gatos con dueño tanto como sea posible".
Desde FAUNA también alertan de la imposición del llamado Listado positivo, recientemente rechazado por la Comisión Europea ante la propuesta de Chipre apoyada por otros tres países, por la que la Dirección General pretende hacer una lista de los animales que pueden ser mantenidos en los hogares, prohibiendo todos los demás.